#Jóvenes fuerzas de seguridad y pandemia



Los jóvenes constituyen un segmento poblacional heterogéneo con divergentes posibilidades laborales, educativas y económicas que determinan oportunidades desiguales de desarrollo. La vulneración de derechos para ciertas juventudes es, actualmente, parte de su realidad cotidiana y se expresa a partir de múltiples privaciones. En particular, son los jóvenes provenientes de segmentos socioeconómicos más bajos, las principales víctimas de la violencia institucional y esta problemática se profundiza aun más en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los jóvenes: una caracterización incompleta

Pensar la juventud implica pensar las juventudes en plural puesto que, más allá de tener en común la edad, los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo, sino que presentan circunstancias y necesidades diferentes que dependen de realidades culturales, políticas y económicas.

En Argentina durante el 2019, según datos aportados por la Organización Internacional del Trabajo ( OIT)

19,2%

 de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban

25,9%

se encontraban desocupados

9,8%

era la desocupación para el total de la población

Al mismo tiempo y en lo que respecta al nivel socioeconómico, la EPH para el segundo semestre del mismo año reveló que 4 de cada 6 jóvenes de entre 15 a 29 años son pobres por ingresos. 

Las carencias y vulnerabilidades no sólo se manifiestan en términos monetarios, sino que involucran una multiplicidad de dimensiones. Si bien las desigualdades materiales son fundamentales, no lo son menos aquellas que se registran respecto del pleno acceso a derechos de la población en lo que refiere, por ejemplo, a salud y alimentación, vivienda, educación, seguridad social, servicios e infraestructura. En el caso de las juventudes, a esto se suma una particular situación de privación que las afecta y refiere a su vínculo con las fuerzas de seguridad y la violencia institucional de la que suelen ser víctimas, sobre todo aquellos jóvenes provenientes de los estratos socioeconómicos más bajos.

La violencia institucional involucra las prácticas que despliegan las fuerzas de seguridad y los agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, y que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas. Esto implica la vulneración de derechos por parte de los propios funcionarios e instituciones del Estado.

Los informes estadísticos del Ministerio Público de la Defensa de CABA muestran que en el 2019 el promedio de edad de las víctimas de violencia institucional fue de 31 años, aunque la edad que sufrió más detenciones fue la de 23 años. La gran mayoría de las víctimas eran varones (80,7%)  y la mayoría se desempeñaban en tareas informales (49,53%) o de subsistencia (42,9%).

Como queda de manifiesto en base a estos datos, el segmento juvenil es el que se ve sometido a este tipo de violencia de manera predominante. Esta tendencia se mantiene si se consideran las formas extremas de violencia policial. Según datos aportados por CORREPI entre los años 1983 y 2019, es decir, desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, de las 7.093 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, el 41% tenía entre 15 y 25 años.

La estigmatización de las juventudes, especialmente de las populares, desplegada desde principios de la década del ’90 ha abonado y justificado el creciente proceso de criminalización, la represión de los jóvenes y las detenciones arbitrarias en base a “la portación de cara”. Sin embargo, la idea de ” una juventud pérdida y sin rumbo” simplifica y oculta toda la serie de privaciones y desigualdades que atraviesan a este segmento poblacional. Se valida desde un discurso meritocrático su situación al entenderla como resultado de elecciones, capacidades y esfuerzos individuales, sin problematizar sobre las causales estructurales. Se invisibiliza, al mismo tiempo, la responsabilidad social y estatal en la producción y reproducción de esas desigualdes. Se justifica, desde esta óptica, la gestión punitiva de determinadas juventudes.

La incidencia de la pandemia: el refuerzo de las privaciones preexistentes

En la actualidad, al estado de situación antes planteado se le suma el particular escenario de la pandemia y las consecuentes medidas de control que se han determinado desde el Poder Ejecutivo Nacional en base al Decreto 297/2020 y las medidas jurisdiccionales para su aplicación. En este sentido, el impacto social, económico y político del COVID-19 en Argentina no ha hecho más que reforzar y potenciar desigualdades y privaciones preexistentes.

Según demuestran numerosos estudios e informes realizados, las prácticas de violencia institucional no han sida la excepción. Desde CORREPI se han registrado 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales.

 Amnistía Internacional en su último informe da cuenta de que entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país en aplicación del ASPO y analiza en profundidad 30 casos particulares de violencia policial.

Al mismo tiempo, la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19 (CONICET) señala que, en este contexto, se han dado numerosas situaciones de abuso policial hacia poblaciones específicas dentro de las que se destacan los adolescentes y jóvenes.

El asesinato de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires, sumado al de Valentino Blas Correas en Córdoba y de Lucas Nahuel Verón en La Matanza; la violencia desatada contra la comunidad Qom en el Chaco y contra Jorge Astorga en la Provincia de Santa Cruz, son casos particulares que muestran cómo los jóvenes, en particular de sectores populares, son sistemáticamente víctimas de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. De esta forma se pone de manifiesto que la pertenencia de los individuos a múltiples categorías sociales refuerza procesos de exclusión y desigualdad.  El ser joven proveniente de sectores populares que habita un determinado territorio, entre muchos otros aspectos, tiende a ser factor determinante a la hora de analizar esas prácticas lesivas.

Para estas juventudes transitar una vida libre de violencias y discriminación parece ser una utopía que se enfrenta a una realidad cotidiana caracterizada por el trato discrecional y las acciones punitivas que les dispensan las fuerzas de seguridad.

Como ha quedado de manifiesto, la pandemia y la responsabilidad preeminente que se les ha otorgado a las fuerzas de seguridad para administrar y garantizar el cumplimiento de las medidas referidas al ASPO no ha hecho sino reforzar tendencias ya existentes. Queda entonces preguntarse por el rol que desempeñan esos agentes estatales en este contexto pero también el que seguirán teniendo luego de la pandemia.

La violencia institucional no es sino una expresión de la compleja trama de desigualdades y de las múltiples formas en las que se vulneran los derechos de las juventudes en Argentina. Terminar con estas prácticas implica desmantelar el modelo punitivo en el que se sustentan y que apunta al disciplinamiento de ciertas poblaciones. No privemos a los jóvenes de esta posibilidad.

Alicia Rimoldi / Lic. en Ciencias Políticas/ Docente Universitaria UBA

Autor: Alicia Rimoldi